Indemnizaciones
Laura Vega García tenía 26 años y se dirigía a su trabajo cuando, en la mañana del 11 de marzo de 2004, una bomba le sorprendió en la estación de Atocha. Su familia la localizó unas horas más tarde en la cama de un hospital, su cuerpo mutilado y en estado vegetativo. Como su propio hermano contó en el juicio, tiene todas sus funciones "superiores perdidas" y no tiene capacidad de movimiento, voluntad, comunicación, no puede realizar ningún tipo de actividad por ella misma. A pesar de ello, añadió, se puede apreciar que "sufre" cuando "bosteza o tose".
Los magistrados que juzgaron la masacre se conmovieron con el relato, y en la sentencia ordenan para ella un tratamiento especial. Han decidido indemnizar a sus padres y hermanos de forma conjunta con un millón de euros "por los mayores padecimientos que representa su estado". Fuentes próximas indicaron que el tribunal ha tomado esa decisión porque estiman que el dolor de los familiares "es casi mayor que si hubiera muerto". Además, y de forma excepcional, han estipulado la creación de un depósito de 250.000 euros para su atención, que gestionará un organismo público todavía por determinar.
Las víctimas del 11-M serán resarcidas con una de las indemnizaciones más generosas de la historia judicial española. El tribunal ha decidido acercarse más a las peticiones de las acusaciones, que reclamaban un tratamiento excepcional, que a las de la Fiscalía, que pedía aplicar "con generosidad" el baremo habitual para no incurrir en un agravio comparativo respecto a otros atentados. "El crimen terrorista tiene un plus estigmatizante para la víctima y, por sí solo, genera una afección social y psíquica en estas que no se da en otros delitos", argumentan.
Cerca de las víctimas
Pese a que el tribunal ha olvidado por error incluirlo en la sentencia, fuentes cercanas indicaron que la indemnización para los familiares cercanos -padres y hijos- de los fallecidos en la masacre será de 900.000 euros. La cifra está más cerca del millón reclamado por las víctimas que de los 500.000 euros propuesto por el Ministerio Público. La mayor compensación por asesinato hasta la fecha es el millón de euros concedidos a los herederos de José María Lidón, magistrado asesinado por ETA en el País Vasco. La indemnización más cuantiosa, con todo, son los tres millones que se concedieron al diputado socialista Eduardo Madina, que perdió una pierna en un atentado etarra.
En cuanto a los heridos, los magistrados han decidido dividirlos en doce grupos según su gravedad ante la "imposibilidad real de contemplar individualmente las circunstancias socio-laborales y personales" de cada uno. Cada uno recibirá una indemnización mínima de 30.000 euros y máxima de un millón y medio, en función del grupo al que pertenezcan, los días que tardaron en curarse y las secuelas que padecieron. Los siete integrantes del grupo decimosegundo, que padece "lesiones extremas", recibirán 900.000 euros.
El tribunal pone especial hincapié en la sentencia en la especial condición de los afectados por el terrorismo con el objetivo de resarcirles moralmente. "Bajo el nombre de terrorismo se esconden terribles crímenes, una de cuyas características esenciales consiste en que sus víctimas no son el objetivo del delincuente ni su fin único destruir o amenazar los bienes jurídicos personales atacados por la acción terrorista, sino que la víctima es un mero instrumento o intermediario sobre el que se proyecta la acción criminal cuyo objetivo es atacar la esencia misma del Estado para obtener su destrucción y su sustitución por la estructura social, política o religiosa que quieren los terroristas", argumenta.